• Ángel con diabluras

Participa Mario Santiz en el Foro “Pueblos y Comunidades Indígenas: Retos y Realidades

Los pueblos y comunidades indígenas que habitamos en México, constituimos un conjunto social pluriétnico, multicultural e intercultural, somos portadores de identidades, culturas y cosmovisiones que se ha desarrollado históricamente. De acuerdo con el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, se estima una población de 15.7 millones de indígenas y existen 68 pueblos indígenas en consonancia con las 68 lenguas de las que son hablantes. De las poco más de 192 mil localidades del país, en 34 mil 263, 40% y más de sus habitantes constituimos la población indígena. Ahora bien, la Encuesta Intercensal 2015, añadió una pregunta para identificar a las personas que se autoadscriben como indígenas, a partir de ello la cifra cambio y ahora se consideran 25 millones 694 mil 928 personas indígenas los que habitamos el país.

Ahora bien, en las últimos años basados en esa diversidad y pluralidad cultural, los grupos indígenas hemos exigido una defensa y protección de nuestros derechos, pero al mismo tiempo también se pide sea tomado en cuenta el contexto histórico que en marca a  cada pueblo y cada comunidad, con la finalidad de hacer visibles aquellos instrumentos jurídicos e institucionales, que nos permitan participar y tomar decisiones sobre el rumbo que desean seguir para el buen desarrollo de nuestros pueblos originarios y de este modo se pueda vivir en armonía y satisfacción plena de ejercer nuestros derechos tanto como personas, pueblos y comunidades indígenas.

En México, a partir de las reformas al artículo 2° Constitucional de 2001, sirvieron como bases para se tenga nueva relación del Estado hacia la diversidad cultural que existe en nuestro país, la cual parte del reconocimiento jurídico de su existencia y de la necesidad ineludible de fomentar buenas relaciones en un plano de igualdad, respeto, tolerancia y equidad entre las distintas culturas que conviven en México. No obstante lo anterior, los pueblos indígenas hemos enfrentado situaciones de discriminación y despojo, frente a las cuales hemos defendido nuestras tierras y territorios, nuestros recursos naturales, la autonomía e identidad cultural durante siglos de colonialismo.

Por estas razones, es relevante la incorporación del principio de no discriminación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como la promulgación de diversas legislaciones como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley General de Cultura y Derechos Culturales, Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Ley de Desarrollo Rural, entre otras; en el entendido de que uno de los mecanismos más eficaces contra los fenómenos de discriminación y violencia, es el jurídico. Esencialmente, la tutela de algunos derechos de la población indígena se encuentra en el citado artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se encuentra plasmada la importancia del reconocimiento pleno de los Derechos de nuestros pueblos originarios a partir de la consideración normativa en las Constituciones y Leyes de las entidades Federativas, destacando la trascendencia del derecho a la identidad indígena y a la libre determinación.

En el ámbito Nacional, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, fortaleció el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello el Poder Legislativo reconoce y protege los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales en los que el Estado mexicano ha sido y es parte, los cuales ha ratificado, incluidos los de los pueblos y comunidades indígenas. Dicha modificación al marco constitucional hace referencia a las normas relativas a los Derechos Humanos para que sean interpretados de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia, dando con ello reconocimiento a la progresividad mediante el principio pro persona en la aplicación de las normas jurídicas.

En el ámbito internacional, existen instrumentos normativos como lo son: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros; Al ratificar este Convenio, el gobierno mexicano se comprometió a promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de nuestros pueblos originarios bajo el pleno respeto a la cultura, tradiciones e instituciones. Sobre todo, a considerar la conciencia de la identidad social y cultural indígena como criterio fundamental para determinar la pertenencia de nuestros pueblos frente al resto de la sociedad y frente al propio Estado. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la OEA el 17 de junio de 2016, ambas suscritas por nuestro país, son instrumentos conocidos en el ámbito internacional como soft law, es decir, no se trata de documentos jurídicamente vinculantes, sino de declaraciones de principios donde se establecen las normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas, y se consideran una gran fuerza moral para avanzar en el reconocimiento de estos derechos.

No obstante de la existencia de la normatividad anterior, la realidad nos muestra que la población indígena permanece todavía en una situación de discriminación estructural, ya que según datos registrados por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2017),  se reconoce que poco más del 49.3% de la población cree que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas y un 40.03% supone que la razón de su discriminación está directamente relacionada con su pertenencia étnica, además 20.9% asume que su principal problemática es la carencia de empleo y el 16.1% considera que es la falta de recursos económicos.

En el documento “Discriminación Estructural y Desigualdad Social” desarrollado en colaboración entre el CONAPRED y la CEPAL se hace un análisis de datos de la condición de escolaridad de la juventud indígena.

Dentro de las y los jóvenes en el país que no tienen escolaridad, cerca del 1% se encuentra en los grupos de entre 16 y 19 años y de 20 y 24 años de edad. "Este porcentaje tiene variaciones importantes según la pertenencia a pueblos indígenas. Entre quienes no pertenecen a pueblos indígenas los porcentajes son los más bajos y se incrementan para quienes son pertenecientes a pueblos indígenas sólo por adscripción cultural (0.9 y 1.3%, respectivamente). El aumento es más significativo para quienes son hablantes de lengua indígena y español (2.2 y 3.6%, respectivamente). Por último, entre las y los jóvenes que sólo hablan lengua indígena, el porcentaje sin escolaridad crece sustancialmente a 29.4 y 37.6%, respectivamente."

Estos datos estadísticos muestran claramente la desigualdad educativa y sociocultural la cual se deba quizás a la falta de protección y reconocimiento a la identidad cultural, acceso eficaz y apropiado a los sistemas de procuración e impartición de justicia, al inadecuado acceso a los servicios de salud, además de las deficiencias en materia del derecho a la educación, y omisión al derecho a la consulta la cual debe de ser, libre previa e informada.

En 2017, con la visita e informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, se plantearon diversas áreas de oportunidad para desarrollar políticas públicas de atención a la problemática de los pueblos indígenas en relación con los temas generales de “Tierras, Territorios y Recursos Naturales”, “Autonomía, Libre Determinación y Participación Política”, “El Derecho a Determinar sus Prioridades de Desarrollo” “Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado”; “Violencia, Impunidad y Acceso a la Justicia”; “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, con ello se tendrán que revisar las diferentes formas de respeto, protección y vigencia de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, así como hacer énfasis en la protección de derechos de ciertos grupos específicos, como son los de personas indígenas desplazadas de manera forzosa; niñas, niños y adolescentes indígenas; personas migrantes indígenas y mujeres indígenas y afromexicanas que se ven particularmente afectadas por la situación de violencia y por el contexto general de pobreza extrema, así como por múltiples formas de discriminación e impunidad.

En materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas se tienen como retos primordiales para 2019:

Trabajar en temas respecto a la protección de los derechos de la niñez indígena, pues es un grupo en situación de vulnerabilidad debido a su condición de menores de edad y de indígenas.

Por otro lado, el Estado mexicano debe poner especial énfasis en el conflicto que existe en la Ley Penal en relación con la regulación sobre feminicidios, específicamente de mujeres indígenas; pues en las comunidades indígenas la violencia física, psicológica y sexual se perpetúa entre otras razones por cuestiones relativas al consumo excesivo de alcohol, aunado a la situación imperante de machismo que persiste.

En el mismo sentido es de vital importancia implementar programas y políticas públicas en los que se tome en cuenta a personas indígenas adultas mayores con discapacidad; otro de los retos es el de la protección, garantía y efectividad del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, por lo que seria necesario que se expidiera una Ley sobre Consulta tomando en cuenta y dando seguimiento a la Recomendación General 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana, emitida por la CNDH el 11 de julio de 2016.


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